ALCALDE Almería REUNIÓN FEMP

El alcalde, junto a otros 30 ediles de distintos partidos, muestra mañana en el Congreso el rechazo al decreto del Gobierno sobre el superávit

Fernández-Pacheco asiste al debate sobre la incautación del superávit con representantes de hasta ocho formaciones políticas para exigir que ese dinero se emplee “en seguir ayudando a las familias”

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, estará mañana jueves en el Congreso de los Diputados, junto a otros 30 alcaldes y alcaldesas de hasta ocho formaciones políticas diferentes, para mostrar su rechazo al acuerdo entre la Federación Española de Municipios y provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda que contempla que las entidades locales cedan sus remanentes al Estado, que los devolvería en 15 años, a cambio de recibir 5.000 millones a fondo perdido.

Mañana jueves se debate en el Congreso el Real Decreto que autoriza la incautación del superávit de los ayuntamientos y diputaciones y el primer edil almeriense quiere estar presente para mostrar su desaprobación con lo que considera un “acuerdo injusto que vulnera el principio de igualdad entre municipios y ciudadanos” y exigir al Gobierno “que se siente a negociar el uso de los ahorros municipales, ya que somos la administración más cercana a los ciudadanos, más aún en momentos de crisis como el actual”.

Los alcaldes reclaman poder gastar su superávit en la agenda urbana y la sostenibilidad, pero también en el turismo, autónomos o en otro tipo de cuestiones que no están incluidas dentro del decreto y piden la flexibilización de la regla de gasto de 2021. Además, consideran discriminatoria la exclusión de los ayuntamientos sin superávit del reparto de fondos.

Fernández-Pacheco ha explicado que “los ayuntamientos necesitamos utilizar nuestro dinero para seguir ayudando a las familias”. “Eso es más importante que cualquier ideología”, ha subrayado, haciendo hincapié en que no se trata de una cuestión partidista “porque estamos una treintena de alcaldes de ocho formaciones distintas”. En el gran pacto de alcaldes de grandes municipios contra la incautación del superávit municipal participan, además del primer edil almeriense, los de Alicante, Badajoz, Badalona, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Ourense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Telde, Terrassa, Teruel, Torrelavega, Valencia y Zaragoza. Municipios que entre todos ellos suman una población de más de 11 millones de personas.

Todos reivindican el papel “fundamental” que han jugado todos los ayuntamientos en la gestión de la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus,

independientemente de su color político o de su situación económico-financiera. Además de la “necesidad imperiosa y urgente” de ayudas estatales y europeas para poder continuar prestando a los vecinos los servicios y medidas anti-COVID que necesitan y colaborar desde el ámbito local en la reactivación de la economía.

El primer edil almeriense ha reiterado la importancia de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “se hubiera sentado a negociar el uso de los ahorros municipales” con los ayuntamientos, por lo que ha reclamado a Hacienda un Real Decreto express sobre el superávit pactado previamente con las entidades locales que permita establecer unos criterios de reparto de los fondos basados “en la igualdad y en la solidaridad”, tal y como ya se ha hecho con el conjunto de las comunidades autónomas a través del fondo de 16.000 millones de euros habilitado por el Gobierno de España.

Esa nueva negociación debe basarse en los acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno de la FEMP el pasado 2 de abril para reclamar al Gobierno de España que arbitre un sistema de ayudas a todos los ayuntamientos que permita hacer frente a las dificultades económicas ocasionadas por la crisis sanitaria del coronavirus, con especial atención al fondo incondicionado de 5.000 millones y al de 1.000 millones destinado específicamente al transporte público; la ampliación del plazo de las inversiones financieras sostenibles, y la eliminación de la regla de gasto, el concepto de déficit y de estabilidad, al menos para 2020 y 2021.

Estas ayudas son “imprescindibles” para que los municipios sigan prestando sus servicios públicos y ayudando a quienes más lo necesitan durante la actual crisis económica.
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